VERGÜENZA ESPAÑOLA

La vergonzosa e indignante huelga con que una gran mayoría de los funcionarios del Poder Judicial Español tuvieron secuestrada a la Justicia durante sesenta y cuatro días, además de haber sido una vergüenza para España, ha constituido el más denigrante de los “atracos” y de los “chantajes” contra los españoles, que vieron cómo los encargados de administrar justicia utilizaban su poder e influencia para chantajear al pueblo y desacreditar ante el mundo al Estado Español  y a su Gobierno. Como si la anterior felonía no fuese suficiente, cuando todo eso sucedía, algunos componentes de la Guardia Civil  contrarios a la “Ley del Aborto, buscando excusas para perseguirlo  se dedicaban a “investigar”, sin autorización judicial y a espaldas de los jueces, a varias clínicas en las que dentro de lo establecido legalmente y con las autorizaciones pertinentes, se realizaban este tipo de operaciones. Los implicados en la falsa investigación violaron entonces la libertad e independencia de las mujeres que habían recurrido a estos centro médicos para interrumpir su embarazo, ya que se dedicaron a acosarlas,  interrogándolas ilegalmente,  conminándolas y presionándolas para hacerlas “confesar” un delito que no existía, porque no se había tipificado, lo hacían únicamente porque Benedicto XVI declaró hace pocos días que “aborto  y divorcio son culpas graves que dañan al hombre”. Quedó probado hasta la saciedad que la actuación de las pacientes y la de los facultativos que intervinieron  estuvo dentro de la  más absoluta legalidad.  Para agravar más las cosas, durante este tiempo varios jueces, demasiados a nuestro juicio, cometieron escandalosos fallos en su forma y su modo de “administrar justicia”, permitiendo que numerosos condenados por violación y otros delitos contra la mujer se pasearan libremente por las calles cuando debían estar en  prisión para seguridad de todos,  especialmente de sus antiguas víctimas,  en su mayoría mujeres  menores de edad que volvieron a ser atacadas por los mismos  violadores, gracias a que ciertos jueces “olvidaron” ordenar la ejecución de las condenas, haciéndose por lo menos conniventes en la repetición de  tan terribles, execrables  y criminales  actos, pues si Sus Señorías  se hubiesen tomado la  molestia de cumplir con sus obligaciones,  los culpables habrían  estado entre rejas y no habrían tenido la oportunidad de volver a delinquir. Así, la desidia e irresponsabilidad de algunos jueces puso en entredicho la honorabilidad, capacidad y  profesionalidad de todo el conglomerado, con el agravante de que también se puso en grave peligro a la misma sociedad en su parte femenina, porque fue la causa de que un número muy elevado de mujeres  perdiera la vida  debido a la repetición de los actos delictivos. 

El Consejo General del Poder Judicial tiene ahora una gran responsabilidad ante la sociedad española  porque, aparte de depurar y apartar de su seno a los irresponsables e incapaces, tiene la obligación de encarcelar a los culpables, resarcir a las víctimas y devolver la confianza a una sociedad que ya no cree en esa Justicia ni confía en su competencia, porque la considera principal responsable del estancamiento judicial, de la repetición de los vergonzosos delitos cometidos, de su  falta de interés para aislar a los delincuentes,  de los cinco gravísimos fallos cometidos antes de la muerte de la niña Mari Luz, del retraso y la ineficacia de los dos magistrados que no encarcelaron a Del Valle, de la pasividad, el descontrol y la dejación de funciones del Juez Tirado y de ese interminable etcétera que el Consejo bien conoce y que hacen que la Justicia Española aparezca como culpable del Crimen de Lesa Humanidad. ¿cómo van a pagar  ustedes tan inmensa deuda, señorías encargadas de administrar Justicia?